Sumar propone restringir a expresidentes el uso de oficinas para fines lucrativos según Enrique
El partido Sumar ha anunciado su intención de impulsar una iniciativa legislativa que busca regular las actividades de los expresidentes del Gobierno de España. Esta propuesta se centra en la prohibición del uso de las oficinas que les corresponden por haber ocupado dicho cargo, las cuales son sufragadas con fondos públicos, para llevar a cabo actividades privadas que generen lucro.
El portavoz adjunto de Sumar y líder de Izquierda Unida, Enrique Santiago, hizo estas declaraciones en el Congreso, en el contexto de la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados para 2023, se ha mantenido congelada la partida destinada a los cuatro expresidentes en un total de 298.320 euros, lo que equivale a 74.580 euros anuales para cada uno, que deben cubrir los gastos de sus respectivas oficinas.
Enrique Santiago subrayó la gravedad de la situación al indicar que el auto del juez José Luis Calama no especifica las imputaciones por blanqueo de capitales y apropiaciones indebidas, pero enfatizó que es muy preocupante que alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno utilice recursos del Estado para cualquier actividad lucrativa.
“Las actividades públicas y privadas deben estar perfectamente diferenciadas y deberían estar prohibidas las mezclas. No se puede utilizar recursos de la oficina para realizar actividades privadas”, afirmó Santiago, haciendo hincapié en la necesidad de definir claramente qué se considera público y qué es privado.
LEY DE ‘LOBBIES’
El dirigente de Sumar también instó a reactivar la tramitación de la regulación de las actividades de los grupos de interés, un tema que el Gobierno había enviado al Congreso en un paquete de medidas anticorrupción tras la detención del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, casi un año atrás. A pesar de que los grupos han presentado sus enmiendas, la ponencia necesaria para discutirlas aún no ha sido convocada.
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, también se ha mostrado a favor de regular las actividades de los expresidentes, sugiriendo que no se les permita vender su agenda de contactos. Además, ha planteado la necesidad de reflexionar sobre la legalidad que permite a los expresidentes cobrar por conferencias o asesorar a empresas que podrían beneficiarse de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno.
