Aldama menciona que Zapatero utilizaba teléfonos seguros y no hay evidencia de comisiones en
El empresario Víctor de Aldama ha revelado este jueves, en su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional, que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos seguros. Además, ha indicado que no tiene constancia de que se cobraran comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas otorgados a la presunta trama durante la pandemia, a diferencia de lo que ocurre en Canarias.
Aldama ha realizado estas afirmaciones ante el juez Ismael Moreno, de acuerdo con fuentes jurídicas, tras ser convocado a declarar en relación al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que abarca los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la trama que se investiga.
Asimismo, ha mencionado que los supuestos pagos de 10.000 euros realizados a Koldo García, quien fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se limitarían a los contratos de mascarillas, sino que también estarían relacionados con presuntos amaños en obras públicas.
El empresario ha detallado que Koldo García actuaba como el intermediario entre él y Francina Armengol, y ha agregado que el exasesor se jactaba de su relación con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso.
Además, ha señalado que Zapatero, recientemente imputado en la causa ‘Plus Ultra’, también utilizaba teléfonos seguros similares a los de la trama de mascarillas. Sin embargo, ha admitido no saber si dichos dispositivos provenían de Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil que está bajo investigación en el ‘caso Koldo’ y que, supuestamente, proporcionó estos teléfonos a Koldo y a él mismo.
Aldama ha confirmado que era colaborador de la Guardia Civil, y en virtud de ello, ayudó económicamente a algunas unidades del cuerpo mediante donaciones de equipo o ‘merchandising’.
Relación económica entre Aldama y Koldo
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la declaración de Koldo García y Víctor de Aldama tras el informe de la UCO, con el objetivo de profundizar en las relaciones existentes entre los integrantes de la presunta organización criminal que incluiría, entre otros investigados, a Aldama, Koldo y al exministro Ábalos.
El informe indicado subrayaba que los contratos de material sanitario, en el contexto de la pandemia del coronavirus, formarían parte de la razón de ser de los pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo que Aldama habría estado realizando a Koldo. Esta relación le permitía, según los investigadores, «tener acceso» al exministro.
Además, se explicó que esta «relación económica» continuó hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueron cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que se sugiere que los pagos de Aldama no se restringían a «actuaciones concretas», sino que estaban destinados a «asegurar su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».
Inicialmente, Aldama estaba programado para declarar el 14 de mayo junto a Koldo, ambos en calidad de investigados, pero el juez Moreno trasladó la declaración de Aldama a esta semana, tras una revisión de la agenda de señalamientos de la Audiencia Nacional.
Koldo no declara
Koldo se acogió a su derecho a no declarar, según lo informado por su abogada, Leticia de la Hoz. Ella presentó un recurso al magistrado que investiga el ‘caso Koldo’ para archivar la causa a su favor y suspender el interrogatorio, argumentando que los hechos por los que se le iba a interrogatorio ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo.
De la Hoz señaló que Koldo estaba citado para declarar sobre las masacarillas de Baleares y Canarias, a pesar de que «ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo» porque tanto el fiscal como la acusación popular ya lo incluyeron en las conclusiones definitivas. «Además, solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángela Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo» en el juicio, comentó, haciendo referencia a los expresidentes de esas islas.
El magistrado Ismael Moreno investiga varias líneas de indagación, siendo la principal las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, que ha sido examinado parcialmente por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados, debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.
También está en curso una investigación sobre presuntos amaños en obras públicas y los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024 para reembolsar gastos anticipados, una pieza que sigue bajo secreto de sumario.
