Trabajo pospone la reunión con agentes sociales sobre la subida del SMI para 2026

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aplazado la reunión prevista para mañana, 16 de enero, con los agentes sociales para abordar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, que no había sido convocada oficialmente, según han indicado fuentes de Trabajo.

De esta manera, se pospone el encuentro con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, en el que la ministra del ramo, Yolanda Díaz, esperaba cerrar la negociación de la nueva subida salarial, según indicó ayer en una entrevista.

Trabajo ha propuesto a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF. Esto supone 37 euros más al mes que ahora, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, una vez se apruebe.

Esta propuesta está en línea con las opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, sugiriendo un incremento del 3,1% si continuaba exento de tributación o un 4,7% si pasaba a tributar.

Además, para atraer a la CEOE al acuerdo, la cartera de Díaz se ha comprometido a estudiar «seriamente» reglas de «relajación» de la Ley de Desindexación en los contratos públicos. Esta cuestión ha sido defendida por las organizaciones sindicales y patronales, y fue una condición que puso la CEOE para apoyar las subidas del SMI en 2025 y 2024, sin éxito.

La indexación del salario mínimo a los contratos públicos también es apoyada por Trabajo, que ha defendido repetidamente que se pueden incorporar reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que ha encontrado resistencia en el Ministerio de Hacienda.

Yolanda Díaz también reconoció en una entrevista la semana pasada que «hay una discrepancia con el Partido Socialista» en relación con esta materia.

A pesar de ello, Trabajo explorará con los demás ministerios competentes y lo antes posible un acuerdo «para relajar las reglas de desindexación en algunos casos de condiciones de trabajo». Esto se trabaja a través de la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, donde también el diálogo social tripartito aborda la reforma de las reglas de compensación y absorción, para que la subida del SMI no quede absorbida por los pluses o complementos salariales.

Tras la última reunión, los agentes sociales se comprometieron a estudiar la propuesta del Gobierno en sus respectivos órganos de dirección. Sin embargo, todo parece indicar que, salvo grandes cambios, CCOO y UGT avalarán el acuerdo.

Por su parte, la patronal mantiene la cautela y no ha avanzado su posición sobre la propuesta del Ejecutivo. No obstante, Trabajo y los sindicatos han valorado su actitud «propositiva» en esta negociación, siendo que Pérez Rey se ha mostrado optimista en que la CEOE se sume al acuerdo.

Los sindicatos, que propusieron una subida del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que la subida del 3,1% sin tributación se encuentra, en todo caso, por encima de la inflacción media de 2025 (2,7%), lo que les permitiría cubrir el incremento del coste de vida. Además, esta propuesta va en línea con el objetivo de garantizar el 60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea.

Por su parte, la CEOE ha planteado que la subida del SMI para este año sea de un 1,5%, elevando el mínimo hasta los 1.202 euros brutos al mes en catorce mensualidades y no exentos de tributación al IRPF.

Díaz negocia con Montero una propuesta de indexación

Además, Díaz ha afirmado estar trabajando con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para elaborar una propuesta después de que los agentes sociales plantearan en la última mesa del SMI indexar en los contratos públicos una parte de la afectación que esta subida del salario mínimo tiene en las empresas.

La ministra subrayó: «Desde el día que subí el salario mínimo en el año 20 hasta hoy, lo saben los agentes sociales, he defendido esto. Estamos trabajando con la ministra de Hacienda, el Gobierno de España, para hacer una propuesta en este sentido».