Posible toma de Quito activa alarmas al comenzar la tercera semana de protestas en Ecuador
Guayaquil (Ecuador) (EFE) – Ecuador ha ingresado este lunes en su tercera semana de protestas contra el presidente Daniel Noboa debido al aumento del precio del diésel. Estas manifestaciones han generado alertas sobre una posible toma de la capital, Quito, por parte del movimiento indígena, mientras el Gobierno busca mitigar la tensión extendiendo un puente festivo de jueves a domingo.
Los manifestantes mantienen cerradas nueve carreteras en tres de las veinticuatro provincias del país, siendo la mayoría de ellas en la provincia de Imbabura, que ha sido el epicentro de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Estas manifestaciones han resultado en un fallecido, decenas de heridos y más de cien detenidos.
A pesar de estas tensiones, Noboa ha reiterado su negativa a negociar la medida, pues sostiene que el subsidio al diésel no ha beneficiado a los más pobres, sino que ha favorecido el contrabando y la minería ilegal.
Tercera semana de protestas en Ecuador
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha calificado la postura del Gobierno como «prepotente» y advirtió que el movimiento indígena podría «acabar la paciencia». En sus propias palabras: «Cuidado. La Conaie y sus estructuras están en capacidad de tomar decisiones. Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos».
Vargas recordó lo que sucedió en 2019 y 2022, cuando las masivas manifestaciones lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, obligando a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás en intentos de eliminar subsidios estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal establecidas en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estado de excepción y «de alerta» en Quito
Frente a esta amenaza, el presidente Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito, sumándose a otras dos donde esta medida ya estaba vigente. En estas provincias se ha suspendido el derecho a la libertad de reunión, limitando la formación de aglomeraciones en espacios públicos para evitar la paralización de servicios.
El presidente Noboa respondió el domingo que nadie podría «tomarse por la fuerza la capital» y advirtió que aquellos que opten por la violencia «enfrentarán la ley». Además, anunció el adelanto del pago del bono navideño a los empleados públicos para el 14 de noviembre, dos días antes de un referéndum donde se votará, entre otros temas, sobre la creación de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.
También se anunció una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 8% durante el puente festivo nacional ampliado.
Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que la ciudad no será «rehén» ni de «errores ajenos ni de ninguna amenaza». Este lunes, los concejales se reunieron para exigir al Gobierno que implemente todas las acciones preventivas posibles para evitar actos de violencia en la capital.
Investigación por terrorismo
Las declaraciones de Vargas también llegaron a la Fiscalía de Ecuador, a través del partido de Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), cuyos miembros en la Asamblea Nacional pidieron que se investigue al líder indígena por terrorismo.
Mishel Mancheno, jefa parlamentaria de ADN, expresó: «Parece que el señor Marlon Vargas no recuerda lo que pasó en 2019 y en 2022, pero los ecuatorianos y los quiteños sí recordamos calles con violencia y edificios incendiados. Todo eso no vamos a permitir que vuelva a pasar».
Asimismo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en entrevista, afirmó que lo que Vargas busca es «sembrar el caos y el terror» y que esperan que su decisión de alargar el feriado lleve a una disminución de la tensión, argumentando que es una medida que beneficiará a todo el pueblo.
