Greenpeace alerta sobre el riesgo a los espacios naturales protegidos de Andalucía por proyectos
El reciente informe de Greenpeace sobre la conservación de la naturaleza en Andalucía destaca varios proyectos que podrían tener un impacto negativo en el medio ambiente. Entre estos se encuentran la reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla), un restaurante en la playa de Bolonia (Cádiz), un proyecto de almacenamiento de gas en los alrededores del Parque Nacional de Doñana (Huelva), y un hotel proyectado en la playa de los Genoveses (Almería).
El informe, publicado el pasado sábado coincidiendo con el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, también busca ser un llamado a la acción para detener proyectos dañinos en diferentes regiones del país.
La organización ha señalado que, aunque España lidera la superficie protegida a nivel europeo, solo el 8,9 % de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación favorable. Además, España es el país de Europa con más especies amenazadas, con entre un 12 % y un 14 % en peligro de extinción.
“Muchas corporaciones, empresas e incluso administraciones públicas ven el territorio como un simple lugar para realizar actividades económicas, muchas veces incompatibles con la sostenibilidad. Estas iniciativas están impulsando proyectos destructivos en espacios naturales de alto valor ecológico, muchos de ellos legalmente protegidos. Necesitamos pararlos”, declaró Lorea Flores, portavoz de Greenpeace y coordinadora del informe.
Greenpeace también ha criticado “la permisividad, negligencia y, en muchas ocasiones, complicidad de las administraciones públicas con la implementación de estos proyectos”. Además, la organización destaca que España “lidera el preocupante ranking de países con más procedimientos de infracción abiertos por motivos ambientales por parte de la Comisión Europea”.
Cómo afecta en la comunidad andaluza
Según Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, “Andalucía no constituye una excepción. En este territorio se plantean proyectos incompatibles con la conservación de la naturaleza y con la lucha global contra la pérdida de biodiversidad”.
Ante este panorama, Greenpeace exige, entre otras cosas, la “eliminación de subvenciones perjudiciales” para el medio ambiente, así como la reforma de la “Ley de Información No Financiera” para asegurar que las grandes empresas informen de manera adecuada sobre su impacto ambiental y la protección efectiva de áreas protegidas.
Además de lo anterior, también reclaman una revisión de los abusos en las evaluaciones de Impacto Ambiental, mayor control sobre los lobbies, puertas giratorias y conflictos de intereses, así como legislación en contra de malas prácticas empresariales, transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones, y “apoyo al mundo rural y a prácticas agroecológicas”.
Greenpeace pide una “planificación territorial coherente con los objetivos climáticos y de conservación”, que priorice la protección de los ecosistemas frente a intereses económicos a corto plazo. Asimismo, exhortan a la Junta de Andalucía a reforzar los mecanismos de control ambiental y a adoptar un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, basado en la economía circular y en la restauración de espacios degradados.
Con la campaña “Los otros Altri”, Greenpeace lanza una advertencia clara: “no toda inversión verde es sostenible” si compromete el patrimonio natural andaluz.
