Gobierno solicita revisar a la baja las cuotas de autónomos desde 2026 en el Congreso
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) – El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del Partido Popular (PP) que solicita al Gobierno que revise a la baja «los impuestos que pagan las familias y autónomos». Entre otros puntos, se pide que no se aplique una subida de cuotas a los trabajadores por cuenta propia para el año que viene y que se les exima del IVA cuando facturen menos de 85.000 euros al año.
Estas solicitudes han obtenido el respaldo de Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN. Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) y PNV se han abstenido, mientras que, además de los partidos en el Gobierno, Podemos, BNG y Bildu han votado en contra.
La Cámara Baja ha respaldado estas cuestiones a través de una moción, consecuencia de una interpelación urgente que el PP dirigió la semana pasada a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Las peticiones aprobadas se enmarcan en la propuesta del Gobierno para congelar las cuotas a los autónomos que menos ganan y aumentarlas en los tramos superiores. Esta iniciativa se considera una rectificación del propio Ejecutivo, que inicialmente buscaba una subida generalizada, incluyendo a los tramos más bajos.
Además de las medidas relativas a los autónomos, el Congreso también insta al Gobierno a ajustar el IRPF a la inflación y a eximir de tributación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026.
Eliminar gasto político superfluo
Otras cuestiones que se han aprobado, también con el voto en contra de los partidos del Gobierno, incluyen la petición al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que elimine el gasto político superfluo en la administración pública.
Asimismo, la Cámara Baja solicita al Ejecutivo una reforma administrativa que reduzca los trámites y cargas que «dificultan la actividad empresarial», simplifique las obligaciones fiscales, agilie permisos y procedimientos, y garantice un entorno más favorable a la inversión y el crecimiento.
Por último, el Congreso demanda al Gobierno un plan estratégico orientado a mejorar la productividad y competitividad, con el objetivo de facilitar la expansión del tejido empresarial y contribuir a un aumento «progresivo y sostenido» del sueldo de los trabajadores españoles.
