Fiscalía de Sevilla investiga denuncias sobre posibles alteraciones en informes y mamografías
La Fiscalía de Sevilla ha iniciado una investigación tras recibir denuncias sobre supuestas modificaciones en informes y mamografías de mujeres que accedieron a la plataforma ClicSalud+, relacionada con los cribados del cáncer de mama. Este procedimiento se ha desencadenado después de que la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) presentara una solicitud al Ministerio Público para que se investigara lo que llaman «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Motivos de la investigación
La presidenta de Amama, Ángela Claverol, explicó que esta decisión se tomó tras recibir múltiples quejas de usuarias en las últimas semanas, donde advertían que «presuntamente» se habrían borrado mamografías y pruebas de la plataforma ClicSalud+ y del Diraya.
Fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía confirmaron que se procederá a investigar estas modificaciones en los informes y mamografías denunciadas. Mientras tanto, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado con firmeza la desaparición de las historias clínicas de los pacientes del SAS en la aplicación ClicSalud+, asegurando que la situación se debió a un incidente técnico que limitó el acceso por unas horas.
Sanz también lamentó que la asociación Amama haya generado «alarma» en relación con este asunto al llevar un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía solicitando que se investigue la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas, calificándolo como una «falsedad».
Situación actual y repercusiones
En el contexto de esta situación, es importante destacar la implicación que tiene en la salud pública la claridad en los registros médicos. La denuncia y la respuesta de las autoridades reflejan una preocupación más amplia en relación con la fiabilidad de los diagnósticos de cáncer y la información médica accesible para los pacientes.
A medida que avanza la investigación, las comunidades afectadas esperan que se brinde un esclarecimiento sobre las alegaciones de destrucción de pruebas e irregularidades, garantizando así que la atención y seguridad en los servicios de salud pública se mantengan en primer plano.
