El Congreso debate enmiendas de Junts para exigir a grandes empresas atención en catalán
La reforma legal propuesta por Junts genera un intenso debate en el Congreso, donde se abordará la obligación de empresas con más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros en facturación de ofrecer atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado. Esta medida tiene como fin garantizar el servicio en las lenguas regionales, independientemente de la ubicación de las empresas.
El 23 de septiembre, se ha convocado una ponencia que revisará esta normativa, compuesta por representantes de los distintos grupos parlamentarios. La sesión será a puerta cerrada para organizar y discutir enmiendas antes de proceder a su presentación formal.
Esta reunión en la Comisión de Derechos Sociales se lleva a cabo tras la controversia generada por la propuesta de Junts, que ha despertado la indignación en sectores empresariales y entre partidos como PP y Vox.
El Ministerio de Consumo Aclara la Situación
En respuesta a los anuncios de Junts, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, enfatizó que la medida está aún en negociación. Aseguró que las empresas deberán garantizar la atención en catalán, gallego o euskera, donde estas lenguas son oficiales, pero también informó que solamente se aplicará a grandes empresas, excluyendo pequeños comercios, como ferreterías.
En total, se han registrado 234 enmiendas que se estudian en la ponencia. Entre ellas, Junts propone que las empresas tengan la obligación de responder a consultas, quejas y reclamaciones «en la misma lengua en la que se realizaron estas». Este aspecto es clave para garantizar la igualdad lingüística en la atención al consumidor.
Alcance de la Reforma
Junts sostiene que la normativa afectará a diversas empresas, incluyendo eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, así como a servicios postales y plataformas audiovisuales. Adicionalmente, las enmiendas sugeridas incluyen la formación obligatoria en catalán para el personal de atención al cliente. La obligación de responder en castellano quedará eliminada, permitiendo que las empresas contesten en la lengua utilizada por el cliente.
La redacción original del proyecto indicaba que las respuestas debían proporcionarse en la misma lengua que «se realizó el contrato o la oferta comercial», aunque se ofrecía la posibilidad de responder «al menos, en castellano» si el cliente lo solicitaba.
Otra de las finalidades del proyecto es que los clientes sean atendidos por operadores humanos en lugar de máquinas, y que no tengan que esperar más de 3 minutos para ser atendidos al presentar una reclamación.
Nuevas Medidas Contra el Spam
El proyecto también prevé la prohibición de llamadas comerciales no consentidas. Las empresas telefónicas podrán emplear códigos alfanuméricos para bloquear este tipo de llamadas. Todos los contratos formalizados en estas circunstancias serán considerados nulos, y las empresas deberán obtener renovación de consentimiento cada dos años.
Además, se exigirá a las empresas que notifiquen con un plazo de 15 días la fecha de renovación automática de servicios contratados en línea, facilitando también la baja voluntaria. La ley buscará terminar con las reseñas falsas en línea, proporcionando a las empresas la posibilidad de responder y solicitar la eliminación de comentarios que no sean verídicos.
Finalmente, las leyes limitarán los precios engañosos en la venta de entradas o billetes en línea, asegurando que todos los gastos de gestión sean incluidos en el precio inicial. Este enfoque busca brindar un mayor nivel de transparencia y protección al consumidor.
La ponencia finalizará la revisión del texto y lo enviará a la comisión correspondiente, donde los grupos parlamentarios se reunirán en sesiones públicas. Posteriormente, el texto será elevado al Pleno para su aprobación y se enviará al Senado, donde continuará el mismo proceso de tramitación.
